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Ciudad de México, 24 de octubre de 2026.
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), un asunto que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de transparencia y supervisión dentro del organismo.
Las sospechas están relacionadas con contratos otorgados a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, así como con posibles conflictos de interés y vínculos que deberán ser examinados por las autoridades fiscalizadoras.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfrenta presiones públicas para aclarar los señalamientos y explicar las medidas que se adoptarán para garantizar la transparencia de las contrataciones. La funcionaria ha defendido la legalidad de su actuación.
El caso adquiere especial relevancia debido a que el instituto tiene la responsabilidad de organizar los procesos electorales federales y se prepara para los comicios de 2027.
Hasta que concluyan las investigaciones, las posibles irregularidades deben considerarse señalamientos pendientes de esclarecimiento y no responsabilidades legalmente acreditadas.
