febrero 23, 2024

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DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

La seguridad nacional es facultad del Ejecutivo, la SCJN está fuera del marco legal en abierto papel «opositor»: Dr. Rafael Echazarreta

REDAMLO. El diputado Rafael Echazarreta Torres, miembro del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Yucatán brindó entrevista para el Periódico PorEsto! donde puntualizó que el artículo segundo de la Ley de Seguridad Nacional establece la facultad del Poder Ejecutivo para determinar los lineamientos de la política de seguridad nacional, en ese sentido, consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por mayoría de 8 votos a favor y tres en contra que invalidó el decreto publicado en 2021 que declaraba a las obras del Gobierno con carácter de«seguridad nacional» y de interés público tiene una abierta connotación política vinculada a la agenda de la oposición en contra del Tren Maya.

El Doctor en derecho, Rafael Echazarreta expuso como argumento jurídico «el numeral tercero, fracc. II que estipula el concepto de seguridad nacional como la preservación de la soberanía e independencia nacional» así como «la fracc. VI que señala la preservación de la democracia a través del desarrollo social y económico del país». En ese sentido quedó expuesta la incorrecta interpretación conceptual de la Ley por parte de los ocho Ministros de la Corte encabezados por Norma Piña.

Los argumentos jurídicos del Doctor Echazarreta son precisos y dejan en evidencia el golpe judicial a las decisiones de los representantes populares del pueblo de México y especialmente representan un boicot jurídico en contra de las obras de infraestructura que realiza el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador que contra viento y marea ha sacado adelante las obras.

Otro escándalo reventó al hacerse público que la Ministra Presidente de la SCJN, Norma Piña contrató a Sonia Vargas Terrero, ex funcionaria del sexenio de Felipe Calderón vinculada en la investigación sobre Genaro García Luna, (preso en Estados Unidos  y en espera de condena) en la asignación de contratos por monto de más de 70 millones de dólares que presuntamente fueron desviados al extranjero a través de triangulaciones que configuran el posible delito de desvío de recursos según dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera.