La situación jurídica de diversos actores políticos de Sinaloa ha dado un giro relevante tras la pérdida de inmunidad procesal que anteriormente los protegía. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como el ex presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pueden ser requeridos por el Ministerio Público Federal para rendir declaración en torno a señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses que los vinculan, presuntamente, con el cártel de Sinaloa.
La discusión sobre el alcance del fuero constitucional volvió a cobrar fuerza luego de que el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, subrayara públicamente que dicha figura protege exclusivamente el ejercicio del cargo, no a la persona en sí misma. En consecuencia, explicó, quienes se separan de sus funciones pierden esa protección y quedan sujetos a los procedimientos legales ordinarios, como cualquier ciudadano.
Paralelamente, especialistas y funcionarios han señalado que el marco jurídico bilateral en materia de extradición entre México y Estados Unidos presenta lagunas que dificultan actuar penalmente contra servidores públicos en funciones. En este contexto, el caso del senador Enrique Inzunza se mantiene como una excepción debido a que aún conserva fuero constitucional.
Tras la recepción formal de una solicitud emitida por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York —en la que se pide la detención de una decena de ciudadanos mexicanos—, la FGR inició una indagatoria propia para esclarecer los hechos. Las acusaciones se centran en posibles vínculos con una facción del cártel de Sinaloa presuntamente encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
En el ámbito jurídico, voces expertas han puntualizado que el tratado de extradición vigente no obliga al país solicitante a presentar pruebas en la fase inicial de una petición de detención provisional. Basta con detallar el delito, identificar al individuo reclamado y proporcionar información sobre su ubicación.
Este episodio marca un precedente en la relación bilateral, ya que es la primera ocasión en que autoridades estadounidenses solicitan acciones contra funcionarios mexicanos que aún cuentan —o contaban recientemente— con protección constitucional. A diferencia de casos anteriores, como los de exgobernadores señalados por vínculos con el narcotráfico, los implicados actuales enfrentan el escrutinio en un contexto político y legal más inmediato y complejo.
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