![\"\"](\"https:\/\/redamlo.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/amparo-en-infracciones-de-transito-1024x576.jpg\"){kind=spacer}
<\/figure>\n\n\n\nAtendiendo a lo anterior, surgieron justamente tres preguntas fundamentales:<\/p>\n\n\n\n
Uno: \u00bfEl hecho de que con motivo de los pagos que, tentativamente realic\u00e9 \u201cGiovanni\u201d, tienen el alcance de considerar que la afectaci\u00f3n derivada de la aplicaci\u00f3n de las normas que imponen esa obligaci\u00f3n, de pagar, desaparezca su agravio personal y directo? y con ello<\/em><\/p>\n\n\n\n Dos: \u00bfSea improcedente la acci\u00f3n constitucional o de nulidad?<\/em><\/p>\n\n\n\n Y tres: \u00bfEs necesario agotar recurso ordinario, acci\u00f3n de nulidad o procede alguna excepci\u00f3n a la definitividad, conforme a los par\u00e1metros de las fracciones XIV y XX del art\u00edculo 61 de la Ley de Amparo?<\/em><\/p>\n\n\n\n Para responder a estas preguntas, resulto muy ilustrativa la resoluci\u00f3n del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien, en sesi\u00f3n del pasado 18 de octubre de 2019, resolvi\u00f3 el R.A. 37\/2019.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, de la ratio decidendi <\/em>de la resoluci\u00f3n en comento, debe tenerse en cuenta que conforme al art\u00edculo 107, fracci\u00f3n I, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, la demostraci\u00f3n del inter\u00e9s jur\u00eddico implica acreditar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. As\u00ed lo estableci\u00f3 la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n en la siguiente jurisprudencia que, de rubro refiere: \u201cINTER\u00c9S LEG\u00cdTIMO E INTER\u00c9S JUR\u00cdDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ART\u00cdCULO 107, FRACCI\u00d3N I, DE LA CONSTITUCI\u00d3N POL\u00cdTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, si nuestro cliente y amigo \u201cGiovanni\u201d llegar\u00e1 a pagar las infracciones supuestamente cometidas, un juzgador de distrito, deber\u00e1 decantarse \u00fanica y exclusivamente en que \u00e9ste -el quejoso- demuestre la propiedad del veh\u00edculo (con la factura y con la copia de la tarjeta de circulaci\u00f3n), por lo que, al demostrar contar con un derecho subjetivo susceptible de afectaci\u00f3n a trav\u00e9s de un acto de autoridad, como lo son las infracciones impuestas; si el quejoso, combate en el juicio de amparo o nulidad y dada la normatividad c\u00edvica y de tr\u00e1nsito se ve obligado a pagar las boletas de infracci\u00f3n reclamadas (para verificar su autom\u00f3vil, por ejemplo), esa afectaci\u00f3n en su derecho subjetivo es lo que le otorga inter\u00e9s jur\u00eddico para acudir al proceso (ll\u00e1mese nulidad o amparo); y si bien, paga el importe de las referidas multas, ello se deber\u00e1 a que de no hacerlo, se encontrar\u00eda impedido para ejercer diversas prerrogativas sobre su veh\u00edculo, tales como -insisto- acceder a la verificaci\u00f3n vehicular, por tanto, se reitera, los hipot\u00e9ticos pagos no desaparecen la afectaci\u00f3n resentida en su esfera jur\u00eddica; por ello, demuestra el agravio personal y directo ocasionado por los actos reclamados. <\/p>\n\n\n\n Finalmente, respecto al tema de si es necesario agotar o no, la definitividad en contra de las infracciones impuestas, gener\u00f3 un debate interesante con la maestra en Derecho Constitucional y Amparo: Natali Chavarr\u00eda quien sosten\u00eda que, dadas las cargas laborales de los tribunales federales y sus criterios, era m\u00e1s viable solicitar la nulidad lisa y llana de dichas infracciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa, de la cual, incluso ha tenido procesos satisfactorios; empero, del contenido de la resoluci\u00f3n de aquel Colegiado ya citado, se advierte de su literalidad lo siguiente: <\/p>\n\n\n\n \u201cComo se observa, la fracci\u00f3n XIV del art\u00edculo 61 de la Ley de Amparo, prev\u00e9, entre otras cosas, que trat\u00e1ndose del reclamo de nomas (sic.) generales con motivo del primer acto de aplicaci\u00f3n, cuando en contra de \u00e9ste proceda alg\u00fan recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, ser\u00e1 optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar la norma a trav\u00e9s del juicio de amparo; mientras que la fracci\u00f3n XX, prev\u00e9 que el juicio es improcedente en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos alg\u00fan juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estableciendo diversas excepciones a la obligaci\u00f3n de agotar el medio de defensa.<\/p>\n\n\n\n