La situaci\u00f3n jur\u00eddica de diversos actores pol\u00edticos de Sinaloa ha dado un giro relevante tras la p\u00e9rdida de inmunidad procesal que anteriormente los proteg\u00eda. De acuerdo con fuentes de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), el gobernador con licencia Rub\u00e9n Rocha Moya, as\u00ed como el ex presidente municipal de Culiac\u00e1n, Juan de Dios G\u00e1mez Mend\u00edvil, pueden ser requeridos por el Ministerio P\u00fablico Federal para rendir declaraci\u00f3n en torno a se\u00f1alamientos provenientes de autoridades estadounidenses que los vinculan, presuntamente, con el c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n sobre el alcance del fuero constitucional volvi\u00f3 a cobrar fuerza luego de que el coordinador general de Pol\u00edtica y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zald\u00edvar, subrayara p\u00fablicamente que dicha figura protege exclusivamente el ejercicio del cargo, no a la persona en s\u00ed misma. En consecuencia, explic\u00f3, quienes se separan de sus funciones pierden esa protecci\u00f3n y quedan sujetos a los procedimientos legales ordinarios, como cualquier ciudadano.<\/p>\n\n\n\n
Paralelamente, especialistas y funcionarios han se\u00f1alado que el marco jur\u00eddico bilateral en materia de extradici\u00f3n entre M\u00e9xico y Estados Unidos presenta lagunas que dificultan actuar penalmente contra servidores p\u00fablicos en funciones. En este contexto, el caso del senador Enrique Inzunza se mantiene como una excepci\u00f3n debido a que a\u00fan conserva fuero constitucional.<\/p>\n\n\n\n
Tras la recepci\u00f3n formal de una solicitud emitida por la fiscal\u00eda federal del Distrito Sur de Nueva York \u2014en la que se pide la detenci\u00f3n de una decena de ciudadanos mexicanos\u2014, la FGR inici\u00f3 una indagatoria propia para esclarecer los hechos. Las acusaciones se centran en posibles v\u00ednculos con una facci\u00f3n del c\u00e1rtel de Sinaloa presuntamente encabezada por Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito jur\u00eddico, voces expertas han puntualizado que el tratado de extradici\u00f3n vigente no obliga al pa\u00eds solicitante a presentar pruebas en la fase inicial de una petici\u00f3n de detenci\u00f3n provisional. Basta con detallar el delito, identificar al individuo reclamado y proporcionar informaci\u00f3n sobre su ubicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este episodio marca un precedente en la relaci\u00f3n bilateral, ya que es la primera ocasi\u00f3n en que autoridades estadounidenses solicitan acciones contra funcionarios mexicanos que a\u00fan cuentan \u2014o contaban recientemente\u2014 con protecci\u00f3n constitucional. A diferencia de casos anteriores, como los de exgobernadores se\u00f1alados por v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, los implicados actuales enfrentan el escrutinio en un contexto pol\u00edtico y legal m\u00e1s inmediato y complejo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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