Ciudad de México.– A pocas semanas del relevo de magistrados en el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá impugnaciones que podrían sacudir el proceso de selección de quienes juzgarán las próximas elecciones federales.
El 5 de agosto, en una de sus últimas sesiones antes del cierre del ciclo judicial, la Corte examinará el caso de Iván Bravo Olivas, ciudadano duranguense, ex juez y ex aspirante a magistrado, quien cuestiona la legalidad del proceso electoral que eligió a nuevos integrantes de la Sala Superior del TEPJF. Denuncia irregularidades y pide que se anule el resultado en su estado, Durango.
Su petición, sin embargo, enfrenta un reto técnico: la ley solo permite impugnar a quienes estuvieron oficialmente en la lista de candidaturas. Esa será la base del análisis que presentará el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El otro frente abierto llega desde la sociedad civil. La asociación Poder Ciudadano también presentó un juicio de inconformidad, esta vez por los nombramientos de Gilberto de Guzmán Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho. El recurso está en manos del ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambos casos deben resolverse antes del 31 de agosto. El tiempo apremia: el 1 de septiembre, el Senado tomará protesta a los nuevos magistrados. Y si hay algo en juego, es la confianza pública en la independencia de uno de los tribunales más importantes del país.
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